PROVINCIALES


SIN CONTROLES

Bordet vetó la ley que imponía controles previos del Tribunal de Cuentas a las grandes contrataciones



Fecha: 07/08/2019   10:00

El Gobierno deja trascender que fue un error la inclusión por parte de la Convención Constituyente 2008 del control previo de contrataciones estatales por parte del Tribunal de Cuentas; la medida es del 5 de agosto y fue refrendado por el Secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider




 

El gobernador Gustavo Bordet vetó por completo la ley recientemente aprobada en la Legislatura, que establecía el mecanismo por el cual el Tribunal de Cuentas debía intervenir en las denominadas contrataciones de alta significación económica. La medida está contenida en el decreto 2318, fechado el 5 de agosto y fue refrendado por el Secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider.

En el Gobierno también se discute si no fue un error la inclusión por parte de la Convención Constituyente 2008 del control previo de contrataciones estatales por parte del Tribunal de Cuentas.

Las más altas autoridades del Tribunal de Cuentas se enteraron de la determinación del Gobernador Bordet durante las primeras horas de la tarde, luego de la información publicada por la Agencia APF. No estaban al tanto de la existencia del decreto 2318 y, al conocer el contenido de la norma del Ejecutivo, manifestaron sorpresa y cierta perturbación sobre qué había ocurrido

En los considerandos del veto, el Ejecutivo señaló que por imperio del artículo de la Constitución provincial que establece el control previo del Tribunal de Cuentas en las percepciones e inversiones que realiza el Estado cuando estas son de magnitud, se debía deslindar competencias entre este organismo (que actúa normalmente tras el gasto) y la Contaduría General (que interviene antes de que se produce la erogación), mandato constitucional que el texto que sancionó la Legislatura “no ha cumplido”.

El texto que sancionó la Legislatura estaba basado en tres iniciativas: una del Poder Ejecutivo, que tomó estado parlamentario en junio de 2017 y que fue elaborado por el equipo del Ministerio de Gobierno cuando el titular de la cartera era todavía Mauro Urribarri; otro de los senadores de Cambiemos Raymundo Kisser y Roque Ferrari y el último de la diputada María Alejandra Viola, también de Cambiemos.

El texto final que se votó en ambas cámaras (se inició en el Senado, pero, se le hicieron correcciones en Diputados que la cámara de origen avaló), tuvo más letra de las iniciativas de los legisladores opositores que del proyecto que el Ejecutivo había impulsado.

Un ejemplo claro es la definición de contratación de alta significación económica:

- El texto aprobado en la Legislatura indica: “Habrá contrataciones de alta significación económica, en todas aquellas Licitaciones Públicas comprendidas en el Régimen de Contrataciones del Estado Provincial, llevadas a cabo a través del Estado Provincial, sus entes descentralizados, autárquicos y empresas del Estado, cuyo presupuesto oficial supere tres (3) veces el monto tope ministerial establecido para efectuar las Licitaciones Públicas comprendidas en el Régimen de contrataciones del Estado; y de diez (10) o veinte (20) veces según se trate de obras públicas de arquitectura o de ingeniería respectivamente”.

- El del Ejecutivo: “Se consideran contrataciones de alta significación económica, en los términos del Artículo 213º Inciso 1) de la Constitución de la Provincia a las siguientes:

a) Las contrataciones derivadas de programas y/o proyectos que se atiendan en su totalidad con financiamiento de los Organismos Internacionales de Crédito que funcionen como Entidades Multilaterales, destinados a proyectos de inversión de obras públicas, de conformidad al Artículo 122º Inciso 25) de la Constitución Provincial.

b) Las contrataciones derivadas de programas y/o proyectos que se atiendan en su totalidad con recursos provenientes de créditos otorgados a la Provincia por la Nación con financiamiento de los organismos internacionales Bancos o entidades financieras nacionales y/o internacionales, conforme a los acuerdos que se perfeccionan entre la República Argentina y los mencionados organismos.

c) Las contrataciones que no cuenten con la Partida Presupuestaria correspondiente para su atención en el presupuesto del año en que se ejecuten.

El Ejecutivo también refutó que en el proyecto aprobado por los legisladores no se comprende cómo se ejercerá el control previo (que no implica controlar oportunidad, mérito o conveniencia) al momento de analizar los textos de los pliegos “sin invadir la esfera de competencias discrecionales del Poder Administrador”. Tampoco se especificó, según señaló el Gobernador en el veto, cómo se resolverán los conflictos de discrepancias de criterios, dado el carácter de “no vinculante” de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.

Además, el veto criticó que gran cantidad de audiencias con participación de varios organismos que deben hacerse durante las etapas de redacción de los pliegos y adjudicación de la obra o servicio, lo que se contrapone al Principio de Celeridad, que supone “rapidez e inmediatez” en el desarrollo y resolución de las actuaciones, reclamando que deberían haberse incorporado plazos perentorios y sanciones para quienes no los cumplan.

El veto del gobernador a la norma sancionada debe ser analizado por la Legislatura. En caso de no rechazarlo, con un mayoría especial o en lapso breve, quedará firme.



Fuente: (Periscopio)











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